La subordinación del régimen mexicano a los intereses de los grandes capitalistas no omitió al sector salud, considerado el segundo gran negocio lucrativo en México.
Para ello recurrió desde el ‘95 a trasformar los regímenes de jubilación existentes, iniciando por los más generosos obtenidos con importantes luchas obreras, como el CCT del Seguro Social. Actualmente son las cuentas individualizadas o afores las que transitan a descargar la responsabilidad del Estado sobre las espaldas del movimiento obrero mexicano.
Las enormes ganancias de esta importante partida invertida en los negocios privados y de los bancos, han sido solo para los grandes capitalistas, en tanto las pérdidas se socializan con los trabajadores formales e informales. Por ello, dentro del ajuste al gasto público, al sector salud le quitarán 4 mil 839 millones de pesos, equivalente al 3.9 por ciento del total del recorte anunciado por el gobierno federal para el 2015.
La masiva y combativa resistencia generada por la base trabajadora del IMSS contra este ataque, quedó frenada con la traición del dirigente sindical Vega Galina, y por los partidos del Congreso de la Unión que aprobaron las reformas a la ley del Seguro Social.
Y para garantizar que no habría recomposición en esta resistencia, los diferentes integrantes del CEN del SNTSS se encargaron de mantener a raya la participación de la base en los procesos internos de decisión y de participación, sancionando a más de 6000 mil trabajadores sin derechos sindicales y laborales. Entre ellos, la ex candidata a Secretaria General Alfonsina Sánchez, rescindida desde que asumió Manuel Vallejo Barragán tras una elección a modo, como marca del regreso priista a este sindicato.
Al día de hoy lograron subrogar servicios como hemodiálisis, guarderías, laboratorios, almacenes, investigación, cirugías, y atentan contra el servicio de básicos, dietología, mantenimiento y farmacias.
Con una población cercana a las 39 mil plazas a nivel nacional, la transformación de la categoría de Auxiliar de servicios de intendencia intenta ser aleccionadora y jactanciosa al imponerse una nueva contratación masiva. Esta nueva forma fue aceptada por sectores de la población trabajadora, avalada en el Consejo Nacional del sindicato y legalizada y legitimada por la burocracia sindical en el Congreso Nacional a realizarse en abril y octubre respectivamente.
Esta transformación contractual tiene su columna vertebral en la reforma a la Ley Federal de Trabajo, en la reforma al estatuto de la categoría de confianza A y B, en la latente transformación al artículo 4 constitucional. También se apoya en varios proyectos pilotos de sus programas de asistencia social, como la lucha contra el hambre, PREVENIMSS.
La resistencia nacional de la base trabajadora volvió a escena con los miles de médicos protestando contra la criminalización de la práctica médica del #yosoy17 y en la lucha por la profesionalización de enfermería. El gobierno parcializa los ataques a los diferentes sectores fomentando la división y reafirmando, a través de diferentes contrataciones, esta división entre trabajadores formales e informales. De este modo naturaliza la informalidad y divide a todos los trabajadores.
Hoy, con el convenio recientemente suscrito con el Tribunal Superior de Justicia del DF, y la negativa de reconocer la profesionalización a enfermería (exigiendo estudios superiores para ejercer pero sin verse remunerados y reconocidos), las autoridades quieren generar trabajadores multifuncionales y desaparecer categorías. De esta forma imponen cargas de trabajo cada vez más extenuantes que, ante el cuadro de enfermedades generadas en este siglo XXI y todas las deficiencias en el sector público, fortalecen los negocios privados de la salud, ya que lo que no pueda cubrir el Estado con sus paquetes básicos de salud, la población pobre tendrá que pagarlos con seguros de salud en instituciones privadas o pagar los insumos y servicios para que puedan brindarle atención.
Para ello, generó convenios con las aseguradoras avaladas por la Secretaria de Salud, la misma que intenta generar un solo presupuesto obtenido de los trabajadores y la población. Esto beneficia a los grandes consorcios farmacéuticos con una licitación única en medicamentos para todas las dependencias del sector salud (IMSS, ISSSTE, SSA, Seguro Popular, atención en estatales y servicios médicos como PEMEX, etc.). Además están los planes de despedir a 100 mil trabajadores en los hospitales de PEMEX, dejando sin seguridad social a esta población.
Con estas medidas, los patrones y el gobierno pretenden liquidar unos de los derechos más valiosos de la clase trabajadora y por el que dio grandes luchas.
Para el gobierno neoliberal, “sanear las finanzas” del IMSS significa liquidar las pensiones, recargar el presupuesto en los desposeídos, eliminando la base tripartita y echar a trabajadores a la calle. Quieren acabar con el contrato del SNTSS que es el segundo mejor de América Latina.
Para impedir esta tremenda ofensiva contra nuestros derechos laborales y sindicales, tenemos que organizarnos y movilizarnos, y continuar la gran lucha dada en el 2004-2005.
Es necesario de nuevo poner en pie las asambleas por centro de trabajo y votar planes de lucha contra la liquidación de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. Tenemos que recuperar nuestro sindicato para ponerlo al frente de esta lucha, donde todos podamos expresar libremente nuestras ideas sin riesgo de sanciones.
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